Hispanos

Amnistías
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación
recibió algo más de 7.000 solicitudes de amnistía,
la mayor parte procedente de presos que
estaban cumpliendo condena. Otro de los subcomités
de la Comisión —el Comité de Amnistía,
autónomo, que estaba presidido por un
juez de un Tribunal Superior— fue el encargado
de estudiar estas solicitudes y tomar decisiones
sobre ellas. Muchas de ellas se resolvieron
basándose en la documentación
presentada, sin que se celebrara una vista. Sin
embargo, en al menos 1.000 casos las decisiones
sobre las solicitudes se tomaron tras
celebrarse vistas públicas ante el Comité de
Amnistía. De estos casos, en unos 50 los solicitantes
revelaron que ellos u otros agentes de
policía habían utilizado la tortura u otros malos
tratos graves contra detenidos, o contra personas
a las que habían secuestrado y matado
posteriormente.
Los archivos de las vistas indican que, en
algunos casos, los supervivientes de la tortura,
sus familiares o sus representantes legales
estuvieron presentes para cuestionar las versiones
dadas por los solicitantes. En la mayor
parte de los 50 casos, el Comité de Amnistía
concedió la amnistía alegando que el solicitante
había cumplido lo dispuesto en el artículo
20 de la Ley, ya que había «revelado completamente
todos los hechos pertinentes»; que el
hecho revelado estaba «relacionado con un
objetivo político cometido en el curso de los
conflictos del pasado» y que había sido cometido,
ordenado o planificado por un empleado
del Estado que había actuado en el transcurso
y ámbito de sus obligaciones, o por un miembro
o simpatizante de un movimiento de liberación
o una organización política conocidos,
con el fin de apoyar sus objetivos.
Gerhardus Johannes Nieuwoudt,51 que había
sido uno de los miembros más destacados del
Departamento de Seguridad de la policía de
Port Elizabeth, solicitó una amnistía en relación
con una serie de casos importantes, como la
agresión al activista político Mkhuseli Jack en
agosto de 1985. En su testimonio, Gerhardus
Johannes Nieuwoudt afirmó que, en las condiciones
impuestas por la Ley sobre el Estado
de Excepción entonces en vigor, él se vio obligado
a actuar por el «interés nacional», y que
las más altas autoridades políticas le presionaron
para que aplacase «el malestar». Esto
incluía detener e interrogar a Mkhuseli Jack,
en un intento de romper el boicoteo de los consumidores
a los comercios locales. Gerhardus
Johannes Nieuwoudt aseguró que, como el
detenido resultó ser «muy testarudo», él agarró
«un sjambok [látigo] de plástico negro» y
[…] le dio «varios latigazos en el cuerpo y las
piernas […]. Era una forma de que disminuyese
su resistencia». Afirmó que aprovechó la
normativa de excepción, que «[le] daba amplia
protección […] contra el enjuiciamiento y las
demandas civiles». Manifestó que si se hubiera
presentado una demanda en su contra o en
contra de otros miembros del departamento
de seguridad, «fuese cual fuese la razón de la
demanda, habríamos intentado encubrirla para
asegurarnos de que no nos procesaban».
Sin embargo, su testimonio, cuidadosamente
expuesto, fue desmontado por Mkhuseli Jack
y su abogado en la vista pública celebrada en
septiembre de 1997. El abogado cuestionó las
declaraciones de Gerhardus Johannes Nieuwoudt,
alegando que no sólo había agredido al
detenido con un látigo, sino que, junto con
otros agentes de policía, lo había sometido a la
«denominada tortura del helicóptero».
Gerhardus Johannes Nieuwoudt lo negó.
Mkhuseli Jack, que estaba presente en la vista,
pudo hacerle frente:
Voy a leer una declaración jurada que
fue el fundamento para las demandas
civiles que [la policía había] satisfecho
Capítulo 2: La lucha contra la tortura: ejemplos 61
basándose en la información que consta
en este documento […].
«[El suboficial Coetzee] agarró una
toalla, me la ató bien a las muñecas y colocó
las esposas sobre ella. Apretó bien las
esposas. Me dijo que me sentara en el suelo
y colocara las manos esposadas sobre
las piernas. Entonces me colocaron un
palo bajo las rodillas y sobre los antebrazos,
y me dejaron sujeto en cuclillas de
forma permanente. Nieuwoudt entró en
la habitación […]. Entonces, los dos hombres
me levantaron utilizando el palo y
me colgaron entre dos mesas […].
Alrededor de otros 60 demandantes que
constituían el fundamento de la demanda
civil […] fueron sometidos a eso. [Nieuwoudt]
participó en el 80 por ciento de los
casos […]. No voy a hablar de las molestias,
porque todo el mundo sabe de qué va [la
tortura del helicóptero] […]. Me resulta
raro que no recuerde esto, porque [entonces]
alardeaba de cómo había agredido a
todas las demás personas […]. Cómo […]
puede Nieuwoudt negar esto es algo que
realmente no entiendo. ¿Cómo espera conseguir
una amnistía? Este estrado de
amnistía debería utilizarse con la dignidad
que merece, y no puede convertirse en
una farsa con el fin de insultar a las familias
[…] [mi] familia, y yo mismo, y las
familias de muchas otras personas que no
tendrán la oportunidad de venir y hablar
ante este [comité] […].
El abogado de Gerhardus Johannes Nieuwoudt
replicó que era sumamente improbable
que su cliente hubiera hecho comentarios sobre
su responsabilidad en las agresiones «a una
persona que algún día, con el tiempo, podría
declarar en su contra». Mkhuseli Jack replicó:
«Nieuwoudt nunca pensó que se enfrentaría
a estas personas que están aquí ni que se
sentaría aquí […]. No temía que los detenidos
pudieran demandarlo». De hecho, al final fue
la tradicional arrogancia del Departamento de
Seguridad, reflejada en el testimonio de
Gerhardus Johannes Nieuwoudt, la que resultó
perjudicial para su solicitud; el Comité de
Amnistía la rechazó basándose en que no había
«revelado completamente» los hechos, y que
la agresión parcial que había admitido no era
un acto relacionado con un objetivo político.
En otro caso, la decisión del Comité de
Amnistía de amnistiar a un ex agente del
Departamento de Seguridad de Durban, Christo
Nel,52 por su participación en la tortura de
un detenido, Yunis Shaik, en julio de 1985,
fue apoyada por la víctima. Christo Nel testificó
que él había sujetado al detenido mientras
otros agentes de policía lo estaban torturando.
Manifestó que uno de los torturadores
era un médico, que, de hecho, había «administrado
» a Yunis Shaik el método «muy poco
habitual» de la tortura (anal). La víctima, que
había permanecido recluida en régimen de aislamiento
durante 11 meses, declaró al Comité
de Amnistía que estaba básicamente de
acuerdo con la versión dada por el solicitante.
Declaró: «Mientras escuchaba […] era casi
como si […] estuviera reviviendo un recuerdo
muy traumático». Ya continuación afirmó con
generosidad que las revelaciones de Christo
Nel le habían dado «[a él y a su familia] la
posibilidad de cerrar» un periodo en el que su
padre y tres hermanos también habían sido
detenidos y su madre había muerto de un ataque
al corazón. Él mismo había sentido muchísima
cólera tras su liberación. Reflexionó que
el solicitante había mostrado cierto valor al
comparecer ante el Comité, mientras que
«muchos otros agentes de policía» no lo habían
hecho.
En contraste, la vista sobre la solicitud de
Jeffrey Benzien,53 ex miembro del Departamento
de Seguridad de la policía, reveló una
profunda ambivalencia por parte de sus antiguas
víctimas, que a la larga dudaron de hasta
qué punto había revelado completamente la
información pertinente al defender su petición
de amnistía. En un sentido, las declaraciones
de Jeffrey Benzien ante el Comité de Amnistía
significaron el reconocimiento sorprendentemente
sincero de las torturas que habitualmente
infligía a cualquier sospechoso de
actividades «terroristas» en nombre del Congreso
Nacional Africano a finales de los años
ochenta. Su testimonio y el del testigo de la
defensa, el general de división retirado y ex
alto mando del departamento de seguridad de
la policía Johannes Griebenauw, confirmaron
que las más altas esferas políticas aprobaban
su conducta. En un momento de la vista, a
petición de Tony Yengeni, una de sus antiguas
víctimas, Jeffrey Benzien demostró, con ayuda
de un voluntario y ante el jurado, el público
y las cámaras de televisión, su famoso método
de tortura por asfixia denominado «la bolsa
mojada», que los observadores consideraron
como una forma de «bochorno público». Pese
a ello, el insistente interrogatorio por parte de
sus víctimas durante la vista con frecuencia
puso en evidencia su incapacidad de admitir
otras formas de malos tratos y de dar el nombre
de otros agentes de policía que participaron
en las sesiones de tortura.
Al contrario de lo que solía hacer en otros
fallos, al decidir sobre la solicitud de Jeffrey
Benzien, el Comité de Amnistía no reflexionó
hasta qué punto el solicitante había realizado
una revelación completa. No obstante, le concedió
la amnistía por delitos de agresión con
62 Contra la tortura • Manual de acción
intento de causar lesiones corporales graves a
siete detenidos identificados. El Comité simplemente
comentó que, basándose en las pruebas
que tenían ante ellos, «los delitos por los
que el solicitante solicita ser amnistiado fueron
cometidos durante los conflictos del pasado
entre el Estado y el Movimiento de Liberación
y surgieron a raíz de ellos».
En el caso de Stanza Bopape, cuya «desaparición
» en junio de 1988 había sido objeto
de una intensa investigación por parte de su
familia, el Comité de Amnistía aceptó, con
cierto malestar, las declaraciones de 10 ex
agentes del Departamento de Seguridad, entre
los que estaba el ex jefe de dicho Departamento,
en las que afirmaban que había sido
víctima de un homicidio ilegítimo (a consecuencia
de someterlo a descargas eléctricas),
se habían deshecho del cuerpo y habían inventado
un elaborado plan para encubrir el delito.
En una preocupante reflexión sobre la cuestión
de la «proporcionalidad», el Comité
comentó:
Los métodos utilizados en el interrogatorio
del fallecido fueron detestables e ilícitos.
Sin embargo, tras estudiarlo con detenimiento,
opinamos que la utilización del
dispositivo de electrochoque durante el
interrogatorio no fue desproporcionada
con respecto al objetivo que pretendían
conseguir. Según ellos, la utilización de
dispositivos de electrochoque durante el
interrogatorio era una práctica habitual
[…]. Lo consideraban un método eficaz y
práctico para obligar a la víctima a colaborar,
y no preveían o sospechaban que su
uso podría resultar mortal.54
El Comité de Amnistía finalizó sus vistas y
dictó sus últimos fallos en junio de 2001. La
tarea que le quedaba pendiente a la Comisión
de la Verdad y la Reconciliación consistía en
recopilar la información en un informe final,
que incorporaría las conclusiones objetivas del
Comité de Amnistía a las primeras conclusiones
de la Comisión, publicadas en octubre de
1998, y haría recomendaciones adicionales
sobre reparaciones para las víctimas de violaciones
de derechos humanos que el Comité de
Amnistía había identificado. Ese informe, que
debe entregarse al presidente de Sudáfrica,
todavía estaba pendiente a principios de 2002.
Conclusión
La labor de la Comisión de la Verdad y la
Reconciliación puso fin a años de desmentidos
por parte de funcionarios del Estado y de partidos
políticos, que negaban que la tortura se
infligiera de forma sistemática y con impunidad
durante el periodo del gobierno del apartheid.
También dio a las víctimas la oportunidad
de narrar sus experiencias en vistas
públicas, y algunas de ellas tuvieron ocasión de
contradecir a sus torturadores cara a cara.
Sin embargo, los resultados de la Comisión
no resultaron satisfactorios para todos, y el
precio que habían pagado en nombre de lo que
se consideraba el interés nacional aumentó
debido a la incapacidad del gobierno de poner
en práctica con rapidez o con dignidad las reparaciones
recomendadas para los identificados
como víctimas. Es más, el gobierno y otros
partidos políticos con representación parlamentaria
habían mostrado poco interés en tener
en cuenta las recomendaciones que la Comisión
había realizado en su informe de 1998 para
impedir que se repitiera el tipo de violaciones
de derechos humanos que había ayudado a desvelar.
Desde 1996, fecha en que la Comisión inició
su trabajo, el clima político ha cambiado
considerablemente en el país. La atención se ha
desviado de los derechos y demandas de las
víctimas de tortura y otras violaciones de derechos
humanos durante el apartheid y ha pasado
a centrarse en los derechos de las víctimas
de delitos violentos, cuyos niveles preocupan
cada vez más a la opinión pública.
Sudáfrica es aún un país donde existe la tortura,
fundamentalmente en el contexto de la
«guerra contra el delito».55 Pese a lo conseguido
por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación,
las justificaciones dadas por los torturadores
que solicitaron amnistía y su
aceptación por parte del Comité de Amnistía
según lo dispuesto por la Ley pueden constituir
un peligroso legado para continuar combatiendo
contra la tortura.

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