Aplicación de la sentencia
En una visita realizada a Bengala Occidental
en junio de 1999 se comunicó a los delegados
de Amnistía Internacional que en la mayoría de
los casos se elaboraban informes de detención.
Los delegados vieron copias de informes de
detención e informes de reconocimiento, así
como órdenes gubernamentales que daban instrucciones
a la policía para que incorporase a
sus métodos de trabajo los requisitos, que figuraban
también en sitios web creados por las
fuerzas policiales de algunos estados. Sin
embargo, seguía preocupando la falta de aplicación
de los requisitos en numerosas zonas del
país, en las que la policía no siempre redactaba
informes de detención o reconocimiento,
daba a conocer los requisitos o los ponía en
práctica.
Por ejemplo, activistas de derechos humanos
de Bengala Occidental declararon a Amnistía
Internacional que los informes de detención
pocas veces tenían la firma de testigos de la
detención o, en los casos en los que se especificaba
quiénes eran los testigos, se acusaba a la
policía de incluir nombres de personas que
sabían que podían actuar como testigos «de
reserva». Además, la utilización de informes
de reconocimiento no era generalizada.
Aunque reconocen que los documentos
especificados por los requisitos proporcionarían
pruebas adicionales en casos de detención
ilegal, activistas de derechos humanos
han indicado que aún es posible que la policía
manipule los informes de detención, tal y como
se indica anteriormente. Teniendo en cuenta
que no se exige que se entregue al detenido
una copia del informe de detención, si la información
que consta en él es falsa no hay posibilidad
de impugnarla o de que el juez compruebe
su veracidad. Los activistas de derechos
humanos también han señalado que con
frecuencia los jueces no piden cuentas a la
policía cuando los registros de las detenciones
están incompletos. Estas cuestiones subrayan
la necesidad de que la judicatura extreme
la vigilancia para garantizar la aplicación práctica
de las salvaguardias.
El requisito de someter a los detenidos a un
reconocimiento médico cada 48 horas no se
estaba cumpliendo; no existía un sistema establecido
para que los médicos visitaran las comisarías
a fin de reconocer o tratar a los detenidos,
por lo que los éstos quedaban a merced de
los agentes de policía para que los llevasen a
un hospital cuando necesitaban tratamiento.
También había problemas con la puesta en
práctica del requisito de permitir que el abogado
del detenido estuviese con él durante el
interrogatorio. El Tribunal Supremo había interpretado
el derecho de los detenidos a asistencia
letrada (previsto en el artículo 21 de la
Constitución) en el sentido de que los detenidos
tenían derecho a consultar a un abogado de
su elección y a que un abogado estuviese presente
durante el interrogatorio. Sin embargo,
en la India raramente se respetaba este derecho,
incluso después de la sentencia de 1996 del
Tribunal Supremo. Una lista de los «Derechos
relativos a la detención» que figuraba en el
sitio web de la policía de Uttar Pradesh reflejaba
los 11 requisitos del Tribunal Supremo,
pero afirmaba: «Según las disposiciones legales,
los detenidos tienen derecho a contar con
los servicios de un abogado. Sin embargo, no
se permite que el abogado esté presente durante
el interrogatorio».
El Tribunal Supremo ha vigilado la aplicación
de sus instrucciones en todo el país a través
de su amicus curiae. Casi cada seis semanas,
el Tribunal Supremo oye la información
del amicus curiae sobre los avances que los
estados realizan en la aplicación de su sentencia
(en relación con los 11 requisitos y con
sus instrucciones generales sobre investigación,
procesamiento y concesión de indemnizaciones
en casos de muerte bajo custodia).
Hasta junio de 2001, Amnistía Internacional
tenía conocimiento de que el Tribunal Supremo
había recibido declaraciones juradas de
los gobiernos de todos los estados en las que
afirmaban que estaban cumpliendo los 11
requisitos. El hecho de que estas declaraciones
juradas estuvieran registradas garantiza que
las pruebas de incumplimiento de dichos requisitos
pueden dar lugar a que se inicien sin
demora diligencias por desacato.
El amicus curiae puede destacar importantes
violaciones y quejas individuales y, cum-
Capítulo 2: La lucha contra la tortura: ejemplos 53
pliendo esta función, Singhvi presentó diversas
peticiones en las que recomendaba que el
tribunal dictase nuevas instrucciones en relación
con la violencia bajo custodia. Basándose
en estas peticiones, en 1998 el Tribunal
Supremo expresó su preocupación por la «deficiente
» información que habían proporcionado
los estados sobre su cumplimiento de la
sentencia dictada por el tribunal en 1996. Ordenó
a todos los estados que presentasen declaraciones
juradas indicando la situación en que
se encontraban todas las investigaciones sobre
muertes bajo custodia y que proporcionasen
copias de todos los informes de las investigaciones.
Singhvi también presentó una petición en
la que instaba al Tribunal Supremo a dictar
una serie de instrucciones nuevas en relación
con las investigaciones y, en especial, las autopsias.
La petición indicaba que seguían existiendo
incumplimientos en la realización de
investigaciones imparciales sobre las muertes
bajo custodia, y se basaba en las conclusiones
de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
sobre la tortura. En enero de 2001, el Tribunal
Supremo respondió enviando una nueva
notificación a los gobiernos central y de los
estados, en la que les pedía que manifestasen
por qué el Tribunal no debía dictar nuevas instrucciones
para que se tomasen medidas con el
fin de prevenir las muertes bajo custodia.
Conclusión
Al seguir perfeccionando su orden inicial de
este modo, el Tribunal Supremo ha indicado su
continua preocupación y buena voluntad para
abordar el problema de la violencia bajo custodia.
Sin embargo, aún queda mucho por hacer
para que la policía, los funcionarios judiciales
y la opinión pública en general tomen conciencia
del significado de las directrices del
Tribunal Supremo y para que se vigile la puesta
en práctica de los 11 «requisitos». Aun así,
el hecho de que las directrices existan y de
que su incumplimiento pueda dar lugar a que
se abran diligencias por desacato y se tomen
medidas internas ha afianzado la posición de
los activistas de derechos humanos. Abogados
y activistas de derechos humanos han presentado
numerosas peticiones en las que cuestionan
casos de detención ilegal y en las que
citan con detalle violaciones por parte de la
policía de los autos del Tribunal Supremo en
la causa Basu v. State of West Bengal. Los activistas
de derechos humanos y los miembros del
sistema judicial han fomentado, por medio de
la familiarización con las cuestiones legales,
una creciente toma de conciencia de los ciudadanos
respecto de los derechos que les reconoce
esta sentencia. Aunque la tortura y los
malos tratos siguen siendo práctica generalizada
en la India, la sentencia de 1996 del Tribunal
Supremo y el empeño que se está poniendo
en su aplicación son señales alentadoras de
que se están haciendo serios intentos de llegar
a la raíz del problema.
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