Después del fallo

Después del fallo
El SGS respetó el fallo del Tribunal Superior
de Justicia, y la gran mayoría de los informes
que se recibieron sobre detenidos palestinos
en los meses inmediatamente posteriores indicaban
que no habían sufrido torturas durante
los interrogatorios. No se utilizaban sillas bajas
ni había informes sobre sacudidas. Pero los
informes señalaban que en los interrogatorios
intensivos habitualmente los interrogadores se
relevaban y el interrogatorio se prolongaba
hasta 20 horas al día.
El SGS y políticos conservadores protestaron
enérgicamente por el fallo. Se presentaron
proyectos de ley en el Parlamento con propuestas
para autorizar al SGS a utilizar la
presión física durante los interrogatorios, tras
lo cual organizaciones israelíes, palestinas e
internacionales iniciaron acciones de captación
de apoyos; en febrero de 2000 se retiraron
los anteproyectos legislativos que habrían
autorizado la tortura. En febrero de 2002, un
proyecto de artículo que permitía métodos
especiales de interrogatorio fue eliminado de
la ley que regulaba las actividades del SGS
aprobada por el Knesset (Parlamento israelí).
Sin embargo, no se ha presentado ningún proyecto
de ley que obligue a Israel a cumplir su
obligación de hacer efectivas las disposiciones
de la Convención contra la Tortura.
Tras el comienzo de la Intifada de Al Aqsa,
en septiembre de 2000, empezó a aumentar el
número de informes sobre el uso de los métodos
de tortura anteriores. Por ejemplo, el 5 de
enero de 2001, el SGS detuvo a Jihad Latif
Shuman, ciudadano del Reino Unido de origen
libanés; al parecer, se sospechaba que había
sido enviado por Hezbolá a Israel desde Líbano
para cometer un atentado en Israel. Durante
el interrogatorio lo obligaron a sentarse en
una silla baja manteniéndole los pies estirados
hacia atrás durante un sinfín de horas.
También lo obligaron a permanecer doblado
durante largos periodos de tiempo, lo abofetearon
hasta que le sangró la nariz y le impidieron
dormir. Después de este trato sufrió
problemas respiratorios. Según su abogado,
dejaron de torturarlo y la salud de Jihad Shuman
mejoró. Según los informes, el médico
independiente que le examinó manifestó que
su estado coincidía con sus denuncias de maltrato
físico.
En noviembre de 2001, tras revisar el tercer
informe periódico de Israel en virtud de la
Convención contra la Tortura, el Comité contra
la Tortura de la ONU expresó su pesar porque
el fallo del Tribunal Superior de Justicia
no contenía una prohibición firme de la tortura;
porque prohibía la privación del sueño destinada
a que el detenido se desmoronase, pero
no en el caso de que fuera algo inherente al
interrogatorio, mientras que en la práctica «en
casos de detención prolongada, será imposible
distinguir entre ambas situaciones»; y porque
los responsables de los interrogatorios que utilizaban
presión física en circunstancias extremas
podrían eludir su responsabilidad penal
alegando la «eximente de necesidad». El Comité
también expresó su preocupación por el
hecho de que continuaran las denuncias de que
se utilizaban con presos palestinos métodos
de interrogatorio prohibidos por el fallo de
1999.12
Capítulo 2: La lucha contra la tortura: ejemplos 43
Conclusión
La historia de la lucha contra la tortura legalizada
en Israel y los Territorios Ocupados
muestra la eficacia de la campaña iniciada por
abogados y organizaciones israelíes y palestinas,
además de ONG internacionales, unida
al examen por parte de los órganos de derechos
humanos de la ONU. Sin embargo, en una
sociedad que en la mayor parte de las ocasiones
sigue aceptando la tortura como arma legítima
contra quienes considera «terroristas», la
fragilidad de las victorias de los derechos
humanos en épocas de enfrentamiento quedó
clara tras la vuelta gradual al uso de la tortura
después del comienzo de la Intifada de Al
Aqsa.
En el momento de elaborar este manual
habían vuelto a utilizarse métodos del pasado,
y se había generalizado de nuevo la tortura
de palestinos detenidos por el SGS. Cartas
enviadas por la fiscal general del Estado al
Comité Público contra la Tortura en Israel en
febrero de 2002 afirmaban que, en dos casos
por los que el Comité había expresado su preocupación
de torturas, existía la «firme sospecha
» de que los detenidos representaban una
«situación de bomba a punto de estallar», y
que, por lo tanto, era aplicable la «eximente de
necesidad».
En vista de esta situación, ONG y abogados
israelíes siguen presentando demandas contra
la detención en régimen de incomunicación
(que en abril de 2002 aumentó a 18 días sin permitir
asistencia letrada o comparecer ante un
juez, con la posibilidad de una posterior ampliación
hasta un máximo de 90 días con una orden
judicial) y la tortura. Además, coaliciones de
organizaciones de derechos humanos internacionales,
israelíes y palestinas siguen alentando
a los organismos intergubernamentales a
que examinen los métodos de interrogatorio
utilizados en Israel y exijan que se ponga fin
a la práctica de la tortura.
El hecho de que en Israel y los Territorios
Ocupados continúe utilizándose la tortura
demuestra la importancia que tiene no dejar
lagunas en las leyes que permitan su reimplantación.
2.3 Perú: la tipificación
de la tortura
como delito
La tortura es desde hace tiempo un problema
en Perú. En 2001, el Comité contra la Tortura
de la ONU afirmó que se infligía «sistemáticamente
» en el país (véase infra). El uso de la
tortura con sospechosos detenidos en aplicación
de la legislación «antiterrorista» ha disminuido
en los últimos años, pero sigue siendo habitual
torturar a presuntos delincuentes comunes.
Mientras tanto, organizaciones de derechos
humanos nacionales y órganos de
vigilancia de los tratados de la ONU (el Comité
contra la Tortura y el Comité de Derechos
Humanos) analizan cada vez con más detenimiento
la tortura en Perú. Este apartado explica
una de las reformas recientes del gobierno,
la tipificación de la tortura como delito en la
legislación peruana, y sus consecuencias iniciales
en las penas impuestas a los torturadores.