El debate sobre la práctica de sacudir
a los detenidos
En octubre de 1994, tras un ataque suicida con
bomba en Dizengoff Street (Tel Aviv) en el
que murieron 23 israelíes, el comité ministerial
concedió una «dispensa excepcional» a
miembros del SGS para utilizar una mayor
presión física durante un periodo de tres meses.
Tras el ataque suicida con bomba en Beit Lid,
en enero de 1995, esta dispensa se renovó cada
tres meses, hasta el fallo del Tribunal Superior
de justicia en 1999.
En abril de 1995, la muerte de un detenido
puso de relieve los peligros de uno de los métodos
—sacudir violentamente— que, al parecer,
habían sido autorizados por las directrices
secretas que permitían una «mayor presión
física». ‘Abd al-Samad Harizat, experto en
informática de 30 años procedente de Hebrón,
fue detenido en torno a la medianoche del 21
de abril de 1995 y entró en estado de coma
poco después de las cuatro de la tarde del 22
de abril. Murió tres días después sin recuperar
el conocimiento. La organización estadounidense
Physicians for Human Rights envió a
un experto, el profesor Derrick Pounder, para
que asistiera en calidad de observador a la
autopsia, realizada por dos patólogos forenses
israelíes. El estudio de la autopsia concluyó
que ‘Abd al-Samad Harizat había fallecido
a causa de las «sacudidas violentas», que le
habían causado una hemorragia subdural en
el cráneo. La presión ejercida por el abogado
de la familia consiguió que posteriormente se
obtuviese información sobre el interrogatorio:
entre las 4.45 y las 16.10 había sido sometido
a sacudidas en 12 ocasiones; en 10 de ellas lo
sujetaron por la ropa y en las otras dos por los
hombros.
Aunque, como de costumbre, los responsables
de los interrogatorios que causaban la
muerte o heridas graves no fueron castigados,3
tras la muerte de ‘Abd al-Samad Harizat se
produjo un debate público sobre la tortura y la
práctica de sacudir violentamente a los detenidos.
Según los informes, David Liba’i, ministro
de Justicia, y Michael Ben Yair, fiscal general,
se oponían a su uso constante.
La Asociación por los Derechos Civiles en
Israel presentó una demanda ante el Tribunal
Superior de Justicia con el fin de obtener
un mandamiento judicial contra la práctica
de las sacudidas. El Comité Público contra
la Tortura en Israel y la Asociación de Médicos
Palestino-Israelíes por los Derechos
Humanos (ahora denominada Physicians for
Human Rights-Israel) también pidieron al
Tribunal Superior de Justicia un mandamiento
judicial contra esta práctica y que los funcionarios
que considerara responsables de la
muerte de ‘Abd al-Samad Harizat fuesen acusados
de homicidio.
Mientras tanto, se presentaron ante la opinión
pública informes oficiales que sugerían
que las sacudidas violentas constituían un
medio eficaz de obtener información. En
agosto de 1995, el SGS informó al comité
ministerial de que, gracias a los métodos especiales
de interrogatorio, en los seis meses
anteriores se habían frustrado 48 atentados. En
la reunión del comité que se celebró ese mes
se renovó la «dispensa excepcional» para utilizar
«mayor presión física», y se autorizaron
de hecho las sacudidas: ya no sería algo
«habitual», sino que se utilizaría con autorización
del jefe o el subjefe del SGS en cada
caso concreto.
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