Estados Unidos:
iniciativa federal
para combatir
los abusos
en el ámbito local
Vimos cómo al detenido [haitiano] le aplicaban
una descarga en el cuerpo con un
escudo paralizante y también con una
pistola paralizante […]. Le aplicaron unas
tres descargas mientras estaba tirado de
lado en el suelo, con las manos esposadas
a las piernas […].
Este testimonio fue una de las numerosas y
sobrecogedoras acusaciones de torturas y malos
tratos realizadas por personas detenidas por el
Servicio de Naturalización e Inmigración de
Estados Unidos que estuvieron recluidas en
una prisión local, el centro penitenciario del
condado de Jackson (Marianna, Florida), entre
agosto de 1997 y julio de 1998. Las acusaciones
dieron lugar a una investigación del gobierno
estadounidense en virtud de la Ley sobre los
Derechos Civiles de las Personas Recluidas
en Instituciones, de 1980. Esta ley permite que
las autoridades federales (nacionales) investiguen
y tomen las medidas necesarias para
que se respeten los derechos constitucionales
de los reclusos frente a los abusos en centros
de detención locales y estatales.
En Estados Unidos, la mayor parte de las
prisiones están bajo jurisdicción local o estatal.
En virtud de la doctrina constitucional de
los derechos de los estados, el gobierno federal
sólo tiene poderes limitados para intervenir.
Antes de la introducción de la Ley sobre los
Derechos Civiles de las Personas Recluidas
en Instituciones, las autoridades federales podían
procesar a personas por violaciones de la
legislación penal federal, incluidos los funcionarios
locales o estatales que actuaban «bajo
apariencia legal» (under colur of law) en calidad
de funcionarios, pero no tenían autoridad
para ocuparse de los abusos sistemáticos o de
las malas condiciones de los centros penitenciarios
estatales. Esta ley otorgó al gobierno
federal un importante recurso civil, al permitir
que el Departamento de Justicia (federal)
solicitase órdenes o mandamientos judiciales
para eliminar los abusos o condiciones inconstitucionales
sistemáticos en instituciones locales
y estatales.
Aprobada por el Congreso estadounidense
en 1980, la Ley sobre los Derechos Civiles de
las Personas Recluidas en Instituciones autoriza
a la División de Derechos Civiles del
Departamento de Justicia a investigar las condiciones
en centros públicos, locales o estatales,
si recibe información de que los reclusos
están siendo privados sistemáticamente de sus
derechos constitucionales. La ley abarca los
centros penitenciarios estatales para reclusos
que cumplen condenas de más de un año (state
prisons) y las instituciones penitenciarias
locales que albergan a detenidos, presos preventivos
o presos que cumplen condenas inferiores
a un año (local jails), además de otras
instituciones públicas, como hospitales psiquiátricos
e instituciones de protección y asistencia
social.
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